¿Nos espían?

Autor: 
Juan Manuel García Ramos
Categorías: 
Artículos

La guerra la libran el PSOE y el PP, en el fondo va en contra de la intimidad y el libre pensamiento de los ciudadanos, y una de las armas de uso común de ambas organizaciones políticas contra las libertades individuales es el tan traído y llevado SITEL (Sistema Integrado de Interceptación Telefónica).

Un partido compró ese software, otro lo ha usado con unos réditos políticos y judiciales de largo alcance.

Los medios de comunicación hablan a regañadientes de SITEL: el narcotráfico y el terrorismo justifican cualquier instrumento policial, aunque éste ponga en precario el sistema democrático de libertades.

Las nuevas tecnologías han tenido un indisimulado impacto en el control político que ejerce el Estado sobre sus administrados, desde los radares usados por la Dirección General de Tráfico, para medir la velocidad de los conductores que marchan por las carreteras, hasta las identificaciones a base de ADN en la persecución de delincuentes, o las bases de datos informatizados manejadas por las oficinas tributarias para perseguir a los defraudadores. Seguramente el Estado será uno de esos tecnófilos satisfechos frente a los tecnófobos que no acaban de recibir con agrado el avance de la nueva cultura de la ciencia aplicada.

En realidad, SITEL es una hijuela española de una idea internacional superior: Echelon. Si nos vamos a Wikipedia (por cierto: otro adelanto tecnológico), nos enteraremos de que con ese vocablo, que parece sacado de la jerga de James Bond, se identifica la mayor red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones electrónicas de todo el mundo, una red controlada por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, que puede capturar comunicaciones por radio y satélite, llamadas telefónicas, faxes y e-mails en la mayor parte del planeta.

Se estima que Echelon supervisa más de tres millones de comunicaciones cada día usando unos códigos de reconocimiento orientados fundamentalmente a prever acciones terroristas o de narcotráfico, aparte de otras acciones que desconocemos los no propietarios del artilugio.

SITEL podía ser considerado como una policía del pensamiento, para decirlo con el vocabulario puesto en circulación por la novela que adelantó todo este clima de espionaje ciudadano: 1984, de George Orwell, tan citada estos días cuando se ha estado hablando de SITEL.

Bien es verdad que SITEL está teóricamente al servicio de un régimen no autoritario, pero su poder potencial puede convertir ese sistema de interceptación de comunicaciones en un instrumento fuera de todo control, donde a base de justificarse como salvaguarda de la seguridad del Estado, termine por convertirse en un avasallador indiscriminado de la privacidad de los ciudadanos.

El gobierno de José María Aznar que adquirió SITEL en el año 2001 fue el primero en darse cuenta de lo que suponía ese sistema y lo relegó hasta encontrar un marco jurídico donde se establecieran con nitidez las reglas del juego de ese gran ojo y oído que todo lo vigila.

Ahora esa misma organización política, seguramente sabedora de que los centros de monitorización de SITEL, gestionados por la Dirección General de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, han ido más allá, en cuanto a escuchas y seguimientos, de la supuesta y deficitaria legalidad actual que da a cobertura a SITEL, han presentado una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para solicitar algo tan básico como la remisión a la Cámara de un Proyecto de Ley Orgánica que regule todo lo que signifique interceptación de comunicaciones, y para la elaboración de un informe sobre el impacto de las innovaciones tecnológicas en los derechos civiles y las libertades individuales al ser utilizadas por la Administración Pública.

La burocracia de este lenguaje legislativo no hace sino enmascarar una sospecha: el PP cree que el PSOE lo ha perseguido políticamente a través de SITEL. Un suponer con bastantes visos de probabilidad. Con todas las probabilidades, podríamos decir con poco margen de error.

No lo afirmamos nosotros, está más que sugerido en una información del periódico La Razón del 23 de enero de 2004: "El programa SITEL entrará en funcionamiento en las próximas semanas y permitirá al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil intervenir las conversaciones telefónicas sin necesidad de acudir con el mandamiento judicial a las compañías de teléfonos, como venían haciendo hasta ahora...". No nos olvidemos tampoco de que en 1995 se descubrió que el Rey Juan Carlos I había sido espiado por el Cesid.

Vamos a jugar un poco a la fantasía. Un ministro de Justicia crea unos fiscales anticorrupción y los distribuye por todo un país (no nos estamos refiriendo a ninguno en particular). En determinados feudos donde el partido estatal no es mayoritario empiezan a hacerse denuncias contra los gestores del partido adversario que ocupan las instituciones locales hasta lograr las imputaciones judiciales necesarias para que los magistrados den orden (y hasta sin orden, como hemos podido leer más arriba) de intervenir una serie de teléfonos y otros medios de comunicación individual (faxes, mails...). Entra en funcionamiento algo parecido a SITEL y ya tenemos a la casi totalidad de esos parroquianos, que a la fuerza hablan entre ellos, sean delincuentes o no lo sean, todos controlados. No sólo judicialmente, sino cívicamente, por utilizar un término aproximado al atropello. El sistema es perfecto y yo me atrevería a decir que este cuento se parece mucho a una realidad que yo me sé. No digamos ya nada si ese partido estatal cuenta con algunas fracciones de la policía y de la judicatura cómplices de sus aviesas intenciones.

La Iglesia es una institución que no ha perdido un ápice de poder en dos milenios de gobierno, y entre los secretos de esa hegemonía está el haber sabido siempre, vía confesionario, no sólo lo que hacían sus fieles, sino sus buenos y hasta sus malos pensamientos.

El Estado del tercer milenio y los partidos políticos que quieren apropiárselo también intentan escudriñar las conciencias de sus contribuyentes, vía interceptación de sus comunicaciones.

El confesionario y el poder eclesiástico, y los softwares, como SITEL, y el poder político.

Se trata, al fin y al cabo, de controlar a los administrados, de desposeerlos de su intimidad, de amenazarlos veladamente con conocer sus falsos pasos. Las asociaciones profesionales de la policía y de la judicatura deberían de intervenir en este debate. Seguro que lo enriquecerían notablemente.

Por ahora sólo sabemos que SITEL es un gran enigma, desprovisto de una legislación apropiada de acuerdo a lo que ese sistema de escuchas representa para la convivencia limpia de los ciudadanos de a pie.

Los presuntos y/o reales delincuentes van por otro corredor, y no deben servir de excusa para lo que todos sabemos que está ocurriendo. 

 
   

La guerra la libran el PSOE y el PP, en el fondo va en contra de la intimidad y el libre pensamiento de los ciudadanos, y una de las armas de uso común de ambas organizaciones políticas contra las libertades individuales es el tan traído y llevado SITEL (Sistema Integrado de Interceptación Telefónica).

Un partido compró ese software, otro lo ha usado con unos réditos políticos y judiciales de largo alcance.

Los medios de comunicación hablan a regañadientes de SITEL: el narcotráfico y el terrorismo justifican cualquier instrumento policial, aunque éste ponga en precario el sistema democrático de libertades.

Las nuevas tecnologías han tenido un indisimulado impacto en el control político que ejerce el Estado sobre sus administrados, desde los radares usados por la Dirección General de Tráfico, para medir la velocidad de los conductores que marchan por las carreteras, hasta las identificaciones a base de ADN en la persecución de delincuentes, o las bases de datos informatizados manejadas por las oficinas tributarias para perseguir a los defraudadores. Seguramente el Estado será uno de esos tecnófilos satisfechos frente a los tecnófobos que no acaban de recibir con agrado el avance de la nueva cultura de la ciencia aplicada.

En realidad, SITEL es una hijuela española de una idea internacional superior: Echelon. Si nos vamos a Wikipedia (por cierto: otro adelanto tecnológico), nos enteraremos de que con ese vocablo, que parece sacado de la jerga de James Bond, se identifica la mayor red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones electrónicas de todo el mundo, una red controlada por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, que puede capturar comunicaciones por radio y satélite, llamadas telefónicas, faxes y e-mails en la mayor parte del planeta.

Se estima que Echelon supervisa más de tres millones de comunicaciones cada día usando unos códigos de reconocimiento orientados fundamentalmente a prever acciones terroristas o de narcotráfico, aparte de otras acciones que desconocemos los no propietarios del artilugio.

SITEL podía ser considerado como una policía del pensamiento, para decirlo con el vocabulario puesto en circulación por la novela que adelantó todo este clima de espionaje ciudadano: 1984, de George Orwell, tan citada estos días cuando se ha estado hablando de SITEL.

Bien es verdad que SITEL está teóricamente al servicio de un régimen no autoritario, pero su poder potencial puede convertir ese sistema de interceptación de comunicaciones en un instrumento fuera de todo control, donde a base de justificarse como salvaguarda de la seguridad del Estado, termine por convertirse en un avasallador indiscriminado de la privacidad de los ciudadanos.

El gobierno de José María Aznar que adquirió SITEL en el año 2001 fue el primero en darse cuenta de lo que suponía ese sistema y lo relegó hasta encontrar un marco jurídico donde se establecieran con nitidez las reglas del juego de ese gran ojo y oído que todo lo vigila.

Ahora esa misma organización política, seguramente sabedora de que los centros de monitorización de SITEL, gestionados por la Dirección General de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, han ido más allá, en cuanto a escuchas y seguimientos, de la supuesta y deficitaria legalidad actual que da a cobertura a SITEL, han presentado una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para solicitar algo tan básico como la remisión a la Cámara de un Proyecto de Ley Orgánica que regule todo lo que signifique interceptación de comunicaciones, y para la elaboración de un informe sobre el impacto de las innovaciones tecnológicas en los derechos civiles y las libertades individuales al ser utilizadas por la Administración Pública.

La burocracia de este lenguaje legislativo no hace sino enmascarar una sospecha: el PP cree que el PSOE lo ha perseguido políticamente a través de SITEL. Un suponer con bastantes visos de probabilidad. Con todas las probabilidades, podríamos decir con poco margen de error.

No lo afirmamos nosotros, está más que sugerido en una información del periódico La Razón del 23 de enero de 2004: "El programa SITEL entrará en funcionamiento en las próximas semanas y permitirá al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil intervenir las conversaciones telefónicas sin necesidad de acudir con el mandamiento judicial a las compañías de teléfonos, como venían haciendo hasta ahora...". No nos olvidemos tampoco de que en 1995 se descubrió que el Rey Juan Carlos I había sido espiado por el Cesid.

Vamos a jugar un poco a la fantasía. Un ministro de Justicia crea unos fiscales anticorrupción y los distribuye por todo un país (no nos estamos refiriendo a ninguno en particular). En determinados feudos donde el partido estatal no es mayoritario empiezan a hacerse denuncias contra los gestores del partido adversario que ocupan las instituciones locales hasta lograr las imputaciones judiciales necesarias para que los magistrados den orden (y hasta sin orden, como hemos podido leer más arriba) de intervenir una serie de teléfonos y otros medios de comunicación individual (faxes, mails...). Entra en funcionamiento algo parecido a SITEL y ya tenemos a la casi totalidad de esos parroquianos, que a la fuerza hablan entre ellos, sean delincuentes o no lo sean, todos controlados. No sólo judicialmente, sino cívicamente, por utilizar un término aproximado al atropello. El sistema es perfecto y yo me atrevería a decir que este cuento se parece mucho a una realidad que yo me sé. No digamos ya nada si ese partido estatal cuenta con algunas fracciones de la policía y de la judicatura cómplices de sus aviesas intenciones.

La Iglesia es una institución que no ha perdido un ápice de poder en dos milenios de gobierno, y entre los secretos de esa hegemonía está el haber sabido siempre, vía confesionario, no sólo lo que hacían sus fieles, sino sus buenos y hasta sus malos pensamientos.

El Estado del tercer milenio y los partidos políticos que quieren apropiárselo también intentan escudriñar las conciencias de sus contribuyentes, vía interceptación de sus comunicaciones.

El confesionario y el poder eclesiástico, y los softwares, como SITEL, y el poder político.

Se trata, al fin y al cabo, de controlar a los administrados, de desposeerlos de su intimidad, de amenazarlos veladamente con conocer sus falsos pasos. Las asociaciones profesionales de la policía y de la judicatura deberían de intervenir en este debate. Seguro que lo enriquecerían notablemente.

Por ahora sólo sabemos que SITEL es un gran enigma, desprovisto de una legislación apropiada de acuerdo a lo que ese sistema de escuchas representa para la convivencia limpia de los ciudadanos de a pie.

Los presuntos y/o reales delincuentes van por otro corredor, y no deben servir de excusa para lo que todos sabemos que está ocurriendo.